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Organizaciones buscan el fin de las redadas
Piden al Papa que interceda por derechos inmigrantes en Washington
Benedicto XVI
Benedicto XVI llega a Washigton el próximo martes. (AP)
11/2/2008 | Redacción starMediaImprimirEnviar
Organizaciones que representan a inmigrantes que han sido víctimas de redadas y deportaciones pidieron públicamente al Papa Benedicto XVI que interceda por los derechos de los inmigrantes durante su próxima visita a Washington.

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La asociación Mexicanos Sin Fronteras expuso en una misiva al Sumo Pontífice "el miedo y la violación de los derechos humanos y civiles" a los que son sometidos los inmigrantes hispanos en el país.

En representación de la organización, Ricardo Juárez señaló en un comunicado que "las cárceles están repletas de trabajadores latinos como el resultado del fracaso de las políticas migratorias".

Críticas a las leyes locales y federales
Asimismo, Juárez ha destacado "el odio y el racismo" en que se sostienen las leyes locales y federales anti-inmigrantes, basadas en en determinados programas de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés).

Recordó la reciente aprobación de una resolución en el condado de Prince William, en Virginia, que da poder a la policía para cuestionar el estatus migratorio de cualquier persona que considere pueda estar violando las leyes de inmigración federales.

"En este sentido, la prisión de este condado está saturada por trabajadores inmigrantes latinos -remarcó- que están siendo tratados injustamente como criminales".

El fin de las redadas
Con la finalidad de detener las redadas y consecuentes deportaciones, diversas organizaciones en defensa de los derechos de los inmigrantes pidieron ayer la declaración del área metropolitana del Distrito de Colombia como 'ciudad santuario'.

El término 'ciudad santuario' se asigna a aquellas localidades donde la policía y otros funcionarios públicos no tienen derecho a preguntar a las personas por su estado migratorio ni se les exige denunciar a los inmigrantes indocumentados.

En todo el país al menos 20 ciudades tienen ordenanzas que restringen la cooperación de las autoridades locales con el gobierno federal en asuntos de inmigración, mientras que otras 80 localidades han aprobado leyes para desalentar la llegada de indocumentados.



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