Pero "si la Casa Blanca persiste en negarse a dar más información al Comité Judicial de la Cámara Baja, o siquiera discutir las formas de entregar esos datos de forma voluntaria, no tendremos más opción que empezar a recurrir a un proceso obligatorio para cumplir con nuestras obligaciones de supervisión" del Ejecutivo, advirtió.

Presunta citación judicial
Consultada sobre qué significa un "proceso obligatorio", una fuente legislativa que pidió el anonimato por la sensibilidad política del asunto dijo que se trata de una citación judicial para obligar a la Casa Blanca a entregar más información sobre el caso.

Los legisladores ya habían autorizado a Conyers a que solicitase la citación judicial, pero hasta ahora el Comité no lo ha hecho. Al inicio del escándalo, las autoridades hablaban del despido de ocho fiscales federales -de un total de 93 en todo el país-, pero ahora el Comité aclara que fueron nueve los despedidos, a raíz del testimonio del fiscal de Misuri, Todd Graves.

Graves dijo recientemente a los legisladores que él también fue obligado a renunciar, aunque no ofreció detalles sobre el proceso utilizado en su caso particular.

Ahora Conyers, que ha estado pidiendo la cooperación voluntaria de la Casa Blanca desde marzo pasado, incluye a Graves entre los que fueron despedidos el año pasado.

Bush define la situación como "puro teatro político"
En paralelo, Bush calificó de "puro teatro político" la idea de varios legisladores demócratas de someter a votación, posiblemente esta misma semana, una "moción de no confianza" contra el secretario de Justicia, Alberto Gonzales, en el Senado.

La queja de la oposición, y de varios republicanos, es que Gonzales no ha dicho todo lo que sabe sobre el manejo del despido de los fiscales que, a su juicio, tuvo motivaciones políticas.

Bush dijo, durante una rueda de prensa junto al secretario general de la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, en su rancho de Crawford (Texas), que mantiene "toda su confianza" en Gonzales pese a los escándalos que lo rodean.