El máximo tribunal estadounidense argumentó que Bush no tiene autoridad para ordenar una nueva audiencia para el preso mexicano y que las decisiones de la CIJ no se pueden aplicar a los estados.
Anunció que continuará "haciendo uso de todos y cada uno de los recursos a su alcance" para lograr el pleno respeto de los derechos de los 51 mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos, "tal y como han sido reconocidos por esa Corte en el caso Avena".
La cancillería aclaró que actualmente sus representantes jurídicos para casos de pena de muerte "llevan a cabo un análisis detallado de esa decisión de la Corte, así como de sus implicaciones jurídicas para los demás mexicanos que enfrentan la pena de muerte en Estados Unidos, con miras a definir acciones legales inmediatas para preservar sus derechos".