La Coalición Fronteriza de Texas, integrada por alcaldes de ciudades como Eagle Pass, Brownsville, Del Río, El Paso, y Laredo, acusó a Chertoff de violar los derechos de los terratenientes y el debido proceso legal con su decisión de elevar el muro para finales de 2008.
"Ha existido arrogancia y una falta de voluntad de cumplir con la ley (.) por parte del secretario Chertoff", señaló en rueda de prensa el alcalde de Eagle Pass, Chad Foster, presidente de la Coalición.
Acusación contra Chertoff
La demanda, presentada este viernes ante la Corte de Distrito de Washington, acusa a Chertoff de violar los derechos de los propietarios al rehusarse a negociar un precio "razonable" por las propiedades donde busca edificar la barda fronteriza.
Asimismo alega que Chertoff violó tanto el proceso legal por no emitir reglas públicas, como la protección igualitaria a los terratenientes bajo la Quinta Enmienda de la Constitución, debido a que exceptuó a varios propietarios con conexiones políticas.
La demanda sostiene que Chertoff ignoró su obligación bajo la Ley de Gastos del DHS de 2008 para escoger los sitios más efectivos para construir el muro, en lugar de la ubicación original ordenada por la Ley de Barda Segura de 2006 que fue revocada.
David Schey, el jefe del equipo legal y presidente del Centro de Derechos humanos y Ley Constitucional de Los Angeles, sostuvo que el muro fronterizo no puede ser construido "sobre la base de una conducta ilegal" de Chertoff.
Schey citó reportes en el sentido de que el secretario del Departamento de Seguridad Interna (DHS) ha sido favoritista al exceptuar de la construcción del muro a un campo de golf y al empresario texano Ray Hunt.
El proyecto del muro
EL DHS, que planea construir unos mil 72 kilómetros de barda en la frontera con México para finales de este año, ha rechazado no haber buscado negociar precios razonables con los propietarios, algunos de los cuales han aceptado que se construya el muro en sus terrenos.
Pero otros rancheros de Texas han presentado demandas individuales contra el DHS para evitar que se les imponga la construcción de las bardas y barrera vehiculares.
En Arizona, grupos ecologistas lo demandaron por exceptuar las leyes ambientales para elevar los muros. Pat Ahumada, alcalde de Brownsville, aclaró sin embargo que la nueva demanda ante la Corte es la primera generalizada (class action), de tal forma que podrán sumarse otras localidades.
La demanda buscará en primer lugar que la corte emita una ordenanza para detener la construcción de la barda hasta que se resuelva el litigio en las cortes federales.
Contesta al redactor