Idioma como posible obstáculo
Esta semana se discuten en audiencias públicas la iniciativa de ley HB978, que autorizaría a la policía a confiscar los vehículos de indocumentados que fueran detenidos por una infracción de tráfico; la HR413, que promueve una enmienda a la Constitución de Georgia para declarar el inglés como idioma oficial y la SB335, que prohíbe a instituciones públicas requerir el dominio de otro idioma para calificar para un empleo.

Entre las propuestas que ya han sido aprobadas por el Senado y serán ahora sometidas a votación en la Cámara de Representantes, se encuentra la SB340, que prohíbe la promulgación de políticas que provean santuario a inmigrantes indocumentados por parte de gobiernos locales y la SB350, que penalizaría con cárcel a quien maneje con una licencia vencida o revocada.

Ciudadanía en peligro
Completan el grupo,la propuesta la HB1028, que impondría un impuesto a las transferencias de dinero; la HB1175, que exigiría presentar una prueba de ciudadanía para inscribirse para votar y la SB25, que amplía las restricciones para tramitar la placa de un vehículo en Georgia y la resolución HR127, que urge al Congreso de USA negar la ciudadanía a los hijos de madres indocumentadas.

"Con estas leyes, la legislatura estatal de Georgia quiere asumir el rol de las autoridades de inmigración, cuando esto es algo que sólo compete al Gobierno federal", señaló González.

"Es como si las autoridades estatales no estuvieran de acuerdo con la forma en que el gobierno federal está manejando la guerra en Irak y decidieran enviar sus propias tropas a combatir", añadió.

Impacto negativo
Por su parte, la Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos (GLAHR), también expresó su preocupación por el impacto que la posible aprobación de estas propuestas legislativas tendrá en la comunidad inmigrante de Georgia.

La organización ha convocado a una manifestación en contra de estas iniciativas en el capitolio estatal para el próximo 27 de febrero. El año pasado entró en vigor la 'Ley de Seguridad e Inmigración de Georgia', que prohíbe a empresas concesionarias en trabajos de gobiernos locales emplear a trabajadores indocumentados y exige a estas agencias verificar el estatus migratorio de las personas mayores de 18 años que soliciten beneficios estatales, entre otras.