El alto tribunal, compuesto por nueve magistrados, dictaminó, por 6 votos a favor y 3 en contra, que Bush no tiene autoridad para ordenar una nueva audiencia para el preso mexicano.

En el auto, el presidente del Supremo, John Roberts, justifica la decisión de los jueces con el argumento de que el dictamen de la CIJ no se puede aplicar a los estados y que Bush "no puede establecer decisiones vinculantes que sean contrarias a leyes estatales ya existentes".

Los jueces Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg y David Souter disintieron de la opinión de la mayoría de los magistrados.

'Medellín vs. Texas'
El caso 'Medellín vs. Texas' llegó en octubre de 2007 al Tribunal Supremo y alcanzó notoriedad en los medios de comunicación por la inusual postura que adoptó Bush al ordenar al estado acatar el fallo de la CIJ, cuando normalmente ha tomado decisiones favorables a la pena de muerte.

José Ernesto Medellín fue condenado a la pena capital en 1994 por violar y estrangular a dos jóvenes en octubre de 1993, cuando tenía sólo 18 años.

La policía le detuvo unos días después y le informó que tenía derecho a permanecer en silencio y a un abogado, pero no que podría solicitar el asesoramiento del consulado mexicano, como lo establece un tratado internacional de 1963 suscrito por Estados Unidos.

Denuncia ante la CIJ
Esa y otras negligencias procesales similares con 50 mexicanos condenados a la pena de muerte llevaron al Gobierno del vecino país a presentar una denuncia ante la CIJ, con sede en La Haya.

La Corte concluyó en 2004 que USA había violado la Convención de Viena de 1963, al no respetar el derecho de Medellín y de sus compatriotas a obtener servicio consular, y solicitó la revisión de los casos en cuestión.

El mandatario estadounidense respaldó la decisión y ordenó en 2005 a las cortes estatales seguir la decisión del tribunal de La Haya.

Dictamen
La Casa Blanca argumentó que el no acatar el dictamen sería perjudicial para la imagen de Estados Unidos en el mundo.

Dos semanas después, Bush anunció que el país se retiraba del protocolo opcional del tratado internacional de 1963 sobre el derecho consular, lo que deja en manos de la CIJ decidir sobre casos como el de Medellín.

El estado de Texas mantuvo, por su parte, que ni el Gobierno federal ni los tribunales internacionales tienen competencia en el caso de Medellín, el único de los 51 mexicanos que ha logrado llevar su batalla legal al Supremo.

Falta de asistencia consular
Las autoridades estatales sostienen que el preso no puede invocar su derecho como ciudadano mexicano, al no haber planteado la falta de asistencia consular durante el juicio original contra él.

El condenado y la CIJ alegan, por otra parte, que es obligación de las autoridades informar a los detenidos de ese derecho, ya que los presos pueden desconocer que ese servicio existe.

Cuando Bush fue gobernador de Texas (1995-2000) supervisó la ejecución de 152 prisioneros. Desde 1982 Texas ha ejecutado 405 presos mediante inyección letal. La última tuvo lugar el 25 septiembre de 2007.