"Además, el proceso de regularización, que es probablemente lo mejor de la ley, es punitivo", explicó el director ejecutivo de LULAC, Brent Wilkes, en alusión a las multas de 5.000 dólares que deberían pagar los indocumentados para iniciar el proceso de legalización.

Se únen a sector anti inmigrante
Paradójicamente, estas organizaciones hispanas se sumaron en la oposición al proyecto de ley al sector anti inmigrante más radical de Estados Unidos, aunque por razones totalmente diferentes: mientras los latinos la juzgan insuficiente, muchos republicanos denuncian una "amnistía" para los indocumentados.

Para Gabriela Lemus, la comunidad hispana de Estados Unidos, que agrupa a cerca de 45 millones de personas, desconoce todavía el contenido exacto de una reforma, apoyada por el presidente George  Bush, aunque criticada por sectores de ambos partidos.

Desconocimiento de la ley
"Parte del problema que enfrentamos en la comunidad es que no tenemos un conocimiento completo de lo que figura dentro de la ley y las enmiendas dañinas que incluye", explicó la directora ejecutiva de LCLAA, que representa a 1,7 millones de hispanos sindicalizados.

"No puedo decirle a los jornaleros que apoyen esta propuesta de ley, cuando sus familias no podrán ser reunificadas", explicó Pablo Alvarado, coordinador nacional de la Red Nacional de Coordinación de Jornaleros (NDLON).

"Tampoco creemos que tengamos que apoyar esta propuesta de ley nomás porque tenemos miedo, porque nos quieren asustar, nos quieren coaccionar con las redadas (...). Nosotros merecemos más que eso", añadió.

Propuestas de mejora
Otras organizaciones como el Consejo Nacional de la Raza (NCLR), la organización hispana de cabildeo más importante en Washington, no rechazó tan frontalmente la reforma y abogó por "mejorarla" a través de enmiendas durante el debate en el Congreso.

Para Lemus, esa opción está descartada: "No creo que se pueda arreglar esta cosa de alguna manera", afirmó.