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Asegura que hay unos procesos parciales destinados a justificar las detenciones
Ex miembro de junta de Guantánamo denuncia irregularidades en procesos
Imagen de las instalaciones de Guantánamo. (Notimex)
27/7/2007 | EFE
El teniente coronel de la Reserva Stephen Abraham, un ex miembro de una junta militar de Guantánamo, describió los procedimientos de revisión de sus casos como unos procesos parciales destinados a justificar las detenciones.
Abraham afirmó que los procedimientos son "poco más que una validación de las determinaciones previas (por parte del Pentágono) de que los detenidos en Guantánamo son combatientes enemigos y que, como hemos oído tantas veces, se presume que son terroristas que pueden ser encarcelados de forma indefinida".
Las declaraciones
Abraham declaró que durante los seis meses que trabajó en la revisión de los casos, las decisiones de las juntas estuvieron basadas en "información vaga, generalizada, antigua y de poco valor como prueba".
"Cuando nuestra junta puso en duda la evidencia, nos dijeron que asumiéramos que era cierta", explicó al Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes.
Las llamadas "Juntas Militares de Revisión del Estatuto de los Combatientes", compuestas por tres militares designados por el Pentágono, han revisado los casos de cada uno de los detenidos para determinar si debían ser puestos en libertad o mantenidos en prisión indefinidamente.
Abraham declaró que durante los seis meses que trabajó en la revisión de los casos, las decisiones de las juntas estuvieron basadas en "información vaga, generalizada, antigua y de poco valor como prueba".
"Cuando nuestra junta puso en duda la evidencia, nos dijeron que asumiéramos que era cierta", explicó al Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes.
Las llamadas "Juntas Militares de Revisión del Estatuto de los Combatientes", compuestas por tres militares designados por el Pentágono, han revisado los casos de cada uno de los detenidos para determinar si debían ser puestos en libertad o mantenidos en prisión indefinidamente.
Abraham dijo que si esos comités concluían que un preso no debía ser considerado como un "combatiente enemigo" y consiguientemente debía ser liberado, el Pentágono "seleccionaba un nuevo panel para que llegara a una conclusión diferente".
El teniente coronel, que trabajó 22 años como un agente de inteligencia del Ejército especializado en contra-terrorismo, se convirtió el mes pasado en el primer ex miembro de una junta en criticar los procesos.
Las críticas
Los abogados de algunos detenidos incluyeron sus críticas en una petición al Tribunal Supremo para que revisase la legalidad de los procedimientos, un recurso que la corte aceptó, pese a haber rechazado la misma solicitud unos meses antes.
Desde septiembre de 2004 hasta marzo de 2005, Abraham estuvo primero a cargo de la base informática que contenía la evidencia contra los detenidos para esas audiencias y tuvo acceso a cientos de documentos en los 558 casos revisados por las juntas.
Además, trabajó en cooperación con las agencias de inteligencia de Estados Unidos, donde tuvo acceso a información secreta, y después fue miembro de una junta que revisó el caso de un preso.
En la audiencia, Patrick Philbin, ex subsecretario auxiliar de Justicia, defendió los procesos, pues a su juicio otorgan a los detenidos más derechos que los contemplados por las Convenciones de Ginebra, que regulan el tratamiento de los prisioneros de guerra.
El Pentágono, por su parte, hizo público hoy un informe elaborado por un centro de estudio del terrorismo de la Academia West Point, que afirma que un 73 por ciento de los detenidos en Guantánamo constituyen una "amenaza demostrada" contra Estados Unidos.
Además, el estudio, que se basa en las pruebas divulgadas en las audiencias de las juntas militares, califica a un 95 por ciento de los presos como por lo menos "una amenaza potencial", por su apoyo a grupos terroristas.
El documento concluye que tan sólo seis detenidos no representan ninguna amenaza para Estados Unidos.
El informe critica otro análisis realizado en febrero del año pasado por la Facultad de Derecho de Seton Hall University que en base a la misma información concluyó que el Pentágono tan sólo consideraba a un 8 por ciento de los detenidos como miembros de Al Qaeda.
Actualmente permanecen en Guantánamo 360 detenidos y su futuro se dirime en el Congreso, además de en el Tribunal Supremo.
Algunos demócratas, liderados por Ike Skelton, el presidente del Comité de las Fuerzas Armadas, impulsan un proyecto de ley para que se les restablezca el derecho a apelar su detención ante los tribunales de Estados Unidos.
Además, la Cámara Baja podría debatir la próxima semana una propuesta para que se cierre la prisión militar.
Contesta al redactor
El teniente coronel, que trabajó 22 años como un agente de inteligencia del Ejército especializado en contra-terrorismo, se convirtió el mes pasado en el primer ex miembro de una junta en criticar los procesos.
Las críticas
Los abogados de algunos detenidos incluyeron sus críticas en una petición al Tribunal Supremo para que revisase la legalidad de los procedimientos, un recurso que la corte aceptó, pese a haber rechazado la misma solicitud unos meses antes.
Desde septiembre de 2004 hasta marzo de 2005, Abraham estuvo primero a cargo de la base informática que contenía la evidencia contra los detenidos para esas audiencias y tuvo acceso a cientos de documentos en los 558 casos revisados por las juntas.
Además, trabajó en cooperación con las agencias de inteligencia de Estados Unidos, donde tuvo acceso a información secreta, y después fue miembro de una junta que revisó el caso de un preso.
En la audiencia, Patrick Philbin, ex subsecretario auxiliar de Justicia, defendió los procesos, pues a su juicio otorgan a los detenidos más derechos que los contemplados por las Convenciones de Ginebra, que regulan el tratamiento de los prisioneros de guerra.
El Pentágono, por su parte, hizo público hoy un informe elaborado por un centro de estudio del terrorismo de la Academia West Point, que afirma que un 73 por ciento de los detenidos en Guantánamo constituyen una "amenaza demostrada" contra Estados Unidos.
Además, el estudio, que se basa en las pruebas divulgadas en las audiencias de las juntas militares, califica a un 95 por ciento de los presos como por lo menos "una amenaza potencial", por su apoyo a grupos terroristas.
El documento concluye que tan sólo seis detenidos no representan ninguna amenaza para Estados Unidos.
El informe critica otro análisis realizado en febrero del año pasado por la Facultad de Derecho de Seton Hall University que en base a la misma información concluyó que el Pentágono tan sólo consideraba a un 8 por ciento de los detenidos como miembros de Al Qaeda.
Actualmente permanecen en Guantánamo 360 detenidos y su futuro se dirime en el Congreso, además de en el Tribunal Supremo.
Algunos demócratas, liderados por Ike Skelton, el presidente del Comité de las Fuerzas Armadas, impulsan un proyecto de ley para que se les restablezca el derecho a apelar su detención ante los tribunales de Estados Unidos.
Además, la Cámara Baja podría debatir la próxima semana una propuesta para que se cierre la prisión militar.
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